La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), mediante Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2026-0014, publicada en el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 398, de 27 de octubre de 2026, sustituyó íntegramente el Capítulo II «Normas de control para la administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, aplicadas a los sujetos obligados del sector societario», del Título XVI, Libro I de su Codificación de Normas, establecidos en la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2025-0004, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial. No. 66, de 24 de junio de 2025.

Aplica a todas las compañías bajo vigilancia y control de la SCVS que realicen actividades de sujetos obligados:

Previstos en la Ley

1. Promoción, inversión e intermediación inmobiliaria.
2. Construcción.
3. Comercialización de vehículos, maquinaria, embarcaciones, naves y aeronaves, así como blindaje de bienes.
4. Comercialización de metales preciosos o piedras preciosas.
5. Servicios contables o legales, cuando se disponen a realizar o realizan transacciones para sus clientes sobre: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos; administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores; organización de contribuciones para crear, operar o administrar empresas; creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.
6. Proveedores de servicios societarios y fideicomisos (agente de creación de personas jurídicas; director o apoderado de una sociedad; provisión de domicilio registrado, comercial, postal o administrativo).
7. Personas jurídicas que proveen transferencia nacional o internacional de dinero, valores o remesas.
8. Servicio de factoring.
9. Arrendamiento financiero o leasing financiero.

Incorporados por resolución de la UAFE

1. Transporte de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos (courier).
2. Blindaje de vehículos, incluido su mantenimiento y reparación.

También quedan obligadas las compañías que la UAFE notifique como sujetos obligados.

 

Puntos clave de presente Resolución:

1. Programa de prevención con enfoque basado en riesgos

Es obligatorio y debe ajustarse a la actividad económica, el tamaño, la estructura y la complejidad de las operaciones de la compañía. Debe cubrir cuatro etapas: identificación, medición, mitigación y monitoreo.

• Factores de riesgo mínimos: clientes, productos y/o servicios, áreas geográficas, canales de distribución, transaccionalidad y jurisdicción.
• La matriz de riesgos se revisa una vez al año y se actualiza cuando haya cambios relevantes.
• Los controles se califican por naturaleza (preventivo, detectivo, correctivo), frecuencia (permanente, periódico, ocasional) y automatización (automático, semiautomático, manual).
• La SCVS publicará en su portal una guía de administración de riesgo y construcción de la matriz.

2. Conocimiento del cliente y debida diligencia

• Beneficiario final: persona natural que directa o indirectamente controle, posea o se beneficie de al menos el 10% del capital social, o sea dueña o beneficiaria de la operación. Debe identificarse en todos los servicios o productos, sin importar el umbral.
• Si no es posible identificarlo tras agotar todos los esfuerzos, se considera como tal a quien ejerza la representación legal o actúe como apoderado, dejando evidencia documentada.
• Cuándo abstenerse de la relación comercial: negativa a entregar datos mínimos, certeza de operar por cuenta ajena ocultando al beneficiario final, PEP u origen de fondos, uso de compañías pantalla o de fachada, información falsa o documentación adulterada, juicios o sentencias por lavado de activos, y clientes o recursos de países sancionados por la OFAC o listas restrictivas de la ONU.
• Debida diligencia simplificada: para riesgo bajo o muy bajo. No procede si hay sospechas de LA/FT/PADM.
• Debida diligencia reforzada: para riesgo superior al medio. Incluye, entre otros casos, países con deficiencias, paraísos fiscales, PEP, estructuras jurídicas complejas y cuantías elevadas. Requiere aprobación de la alta gerencia.

3. Personas expuestas políticamente (PEP)

• Se extiende a cónyuge o conviviente, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y colaboradores cercanos.
• La condición se mantiene durante el ejercicio de funciones y hasta dos años después de cesar en el cargo.
• Ser PEP, por sí solo, no conlleva negar el servicio ni cerrar la relación.

4. Efectivo y transferencias

• Se prohíbe el pago en efectivo, piedras o metales preciosos en operaciones que, individual o acumuladamente en un mismo mes, igualen o superen USD 10.000. El sujeto obligado debe verificar y dejar constancia.
• Remesas y giros: las transferencias iguales o superiores a USD 1.000 requieren información detallada del originador y del beneficiario. Las de menor valor tienen requisitos mínimos propios.
• Billetes de USD 50 y USD 100: deben seguir los procedimientos y formularios del Banco Central del Ecuador, con señales de alerta y debida diligencia.

5. Oficial de cumplimiento

• Designado por la junta o asamblea por cinco años, reelegible. Debe ser titular y suplente, de nivel gerencial, e inscrito en el Registro Nacional de Oficiales de Cumplimiento de la SCVS.
• La calificación se solicita en línea, por el representante legal, dentro de cinco días desde la designación, reelección o remoción.
• Requisitos destacados: curso en línea de la UAFE; conocimientos en administración de riesgos; título de tercer nivel en las ramas señaladas o experiencia mínima de dos años como oficial de cumplimiento; certificado de antecedentes; declaración juramentada.
• Inhabilidades: representantes legales, administradores, socios o accionistas (salvo excepciones); contadores, auditores y asesores del sujeto obligado; servidores públicos; personas jurídicas; personas naturales que tercericen la función, entre otras.
• Un mismo oficial en varias compañías:
  • Grupo empresarial: un oficial para las compañías del grupo.
  • Representante legal como oficial: hasta tres compañías, si cada una registra ingresos mensuales consecutivos iguales o inferiores a USD 10.000.
  • Inmobiliarias y/o construcción: hasta dos compañías, con activos e ingresos del ejercicio anterior iguales o inferiores a USD 300.000, máximo 10 empleados y sin pertenecer a un grupo empresarial.
• No puede delegar ni tercerizar su cargo.
• Ausencia temporal o definitiva: lo reemplaza el suplente calificado o, a falta de este, el representante legal. Se comunica a la UAFE en 15 días y se designa nuevo oficial en 30. Es obligatorio el informe de fin de gestión.

6. Documentos y fechas anuales

Obligación	Plazo
Plan anual de capacitación (parte del PAC)	Hasta el 30 de enero
Informe anual de cumplimiento (IAC) y Plan anual de cumplimiento (PAC) a la junta	Hasta el 31 de enero
IAC a la SCVS	Hasta 15 días después de aprobado por la junta
Informe de auditoría externa de cumplimiento al sistema de la SCVS	Hasta el 30 de mayo
Información de agentes y corresponsales (remesas) a la DNPLA	Primeros 30 días de enero
Informes de auditoría interna o comisario a la junta	Semestral

Los oficiales de cumplimiento deben participar como mínimo en dos capacitaciones anuales de la UAFE o la SCVS.

7. Manual de prevención

• Lo elabora el oficial de cumplimiento y lo aprueba la junta general o el órgano competente. Se revisa al menos una vez al año y se remite a la SCVS por el portal de trámites.
• La no presentación del manual es una infracción grave.
• Es de uso interno y reservado.

8. Reportes a la UAFE

• ROS: operaciones sospechosas, incluidas tentativas, sin importar el monto.
• NO ROS: declaración de inexistencia de operaciones sospechosas.
• RESU: operaciones iguales o superiores a USD 10.000, o múltiples que en conjunto lleguen a ese valor para una misma persona en 30 días.
• NO RESU: declaración de inexistencia de operaciones sobre el umbral.
• Las operaciones con clientes de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por el Ecuador deben reportarse obligatoriamente.
• Reportes y respaldos son reservados y se conservan 10 años.

9. Estructura interna y otros controles

• Comité de cumplimiento: obligatorio. Sesiona ordinariamente una vez al mes. Lo integran un miembro de la junta u órgano competente, el representante legal o su delegado, el oficial de cumplimiento, un funcionario de operaciones, comerciales o técnicas, y una persona del área legal, si la hay.
• Empleados y accionistas: formulario de vinculación con declaración patrimonial simple. Se monitorea que el nivel de vida sea razonablemente consistente con los ingresos declarados.
• Proveedores: debida diligencia previa a la vinculación y actualización al menos cada dos años.
• Herramienta informática: opcional, pero la SCVS puede recomendarla si los controles resultan insuficientes. La norma fija requisitos mínimos para el sistema y para el proveedor tecnológico (seguridad, continuidad, experiencia mínima de cinco años y registros en MINTEL y SENADI).
• Auditoría externa de cumplimiento: el auditor debe ser distinto del que audita los estados financieros. Puede servir al mismo sujeto obligado máximo cinco años consecutivos, con igual período de espera para una nueva contratación.

10. Supervisión y sanciones

• La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos (DNPLA) supervisa con enfoque basado en riesgo, in situ o extra situ, sin que se le pueda oponer sigilo o reserva.
• Puede disponer acciones remediales de obligatorio cumplimiento.
• Los incumplimientos se registran como observaciones en el certificado de cumplimiento de obligaciones (CCO), sin perjuicio del procedimiento sancionador.
• La SCVS impone sanciones administrativas conforme a la Ley.

Plazos de transición

• Seis meses, desde la publicación en el Registro Oficial, para que los sujetos obligados actualicen su manual y sistema de prevención y lo presenten a la DNPLA, con aprobación de la junta u órgano competente. Mientras tanto, aplican el manual vigente en lo que no contravenga la Ley, su Reglamento y la nueva norma.
• Tres meses para designar y calificar al oficial de cumplimiento e implementar manual y sistema, en el caso de compañías que adquieran la calidad de sujetos obligados después de la entrada en vigencia de la norma.
• 90 días improrrogables para los nuevos sectores que convoque la UAFE, contados desde que la DNPLA disponga la aplicación de la norma mediante oficio circular.
• Quedan sin efecto las calificaciones de oficiales de cumplimiento efectuadas antes del 18 de julio de 2022. Quienes ejerzan esas funciones deben repetir el proceso en línea.

Casos especiales

• Pronunciamiento de no realizar actividad sujeta a reportes (Art. 3): la compañía puede solicitarlo a la SCVS para pedir la desactivación de su código de registro ante la UAFE. La DNPLA resuelve en 15 días y, si hay observaciones, concede hasta 10 días para descargos. El pronunciamiento no exonera de incumplimientos ocurridos mientras fue sujeto obligado.
• Sujetos exentos por la UAFE: no presentan manual, no califican oficial de cumplimiento ni presentan auditoría externa desde el año de la exención. Deben designar a la persona que implemente sus políticas de prevención y conservar la información 10 años.
• Compañías en liquidación: siguen reportando a la UAFE por medio del liquidador hasta su cancelación. Después, el liquidador solicita la desactivación del código de registro y conserva el historial 10 años.
• Inmobiliarias de alquiler o administración de inmuebles: por buenas prácticas, deben establecer políticas de prevención con matriz de riesgos.

 

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